CARLA DEL PONTE
La caccia: Io e i criminali di guerra son unas memorias en las que la jurista suiza Carla del Ponte habla de su trabajo; yo leí una versión en inglés titulada Madame Prosecutor: Confrontations with Humanity’s Worst Criminals and the Culture of Impunity. Del Ponte (Lugano, 1947), que ha redactado el libro en colaboración con Chuck Sudetic, relata su lucha contra la Mafia y la corrupción en Suiza, y sobre todo, cuenta sus experiencias como fiscal jefe en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda entre 1999 y 2003 y en el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia entre 1999 y diciembre de 2007. Madame Prosecutor está estructurado a partir de confrontaciones: Del Ponte se enfrenta a crímenes espantosos –genocidios, asesinatos, limpieza étnica, mutilaciones y violaciones-, pero también a la burocracia de los países y de los organismos internacionales, a sus jefes y a sus subordinados, y sobre todo al conflicto entre la justicia y los intereses políticos.
Carla del Ponte nació en Lugano en 1947, estudió en Berna y Génova, y durante varios años fue abogada de divorcios. A principios de los ochenta empezó a trabajar como juez de instrucción; en ese puesto combatió la opacidad de los bancos suizos. Lugano, una ciudad de habla italiana, era uno de los lugares predilectos de la Cosa Nostra para blanquear dinero. La colaboración entre el juez Giovanni Falcone y Del Ponte hizo que la Mafia sufriera varios reveses: se congelaban sus cuentas, o se descubrían casos como el del Banco Ambrosiano o de la “Pizza Connection”. Falcone fue asesinado en 1992; con su muerte, Del Ponte –que había estado a punto de ser víctima de un atentado poco antes- perdió a un compañero y a un mentor, pero siguió combatiendo la cultura de la impunidad y la corrupción: inició investigaciones sobre las cuentas de Paulina Castañón, esposa de Raúl Salinas, hermano del ex presidente de México Carlos; de Boris Yeltsin y su hija y consejera Tatyana Dyachenko; de la familia Bhutto.
El Tribunal Penal Internacional
En 1999 fue nombrada fiscal del Tribunal Penal Internacional para Ruanda y el Tribunal Internacional para la antigua Yugoslavia en La Haya. En 1994, los extremistas hutus habían asesinado a más de 800.000 tutsis y hutus moderados, habían violado y mutilado y habían provocado grandes desplazamientos de refugiados en Ruanda. En los años noventa, en televisión y ante los ojos del mundo, se habían producido crímenes de guerra y contra la humanidad en el conflicto bélico -alimentado por las pretensiones expansionistas y el delirio nacionalista del croata Franjo Tudjman y del serbio Slobodan Milósevic- que desintegró la antigua Yugoslavia, en Croacia y en Bosnia. A mediados de la década, se habían atacado las zonas bajo protección de la ONU: en 1995 en Srebrenica las tropas del general Mladic habían asesinado a 8.000 varones bosnios. En 1998 y 1999 el ejército serbio había dirigido operaciones de limpieza étnica contra la mayoría albanesa en Kosovo; las persecuciones, los asesinatos y la ocultación de cadáveres habían continuado después de que la OTAN iniciara un bombardeo en 1999; el Ejército de Liberación de Kosovo también había asesinado a civiles serbios; la minoría serbia seguía sufriendo ataques. Aunque Madame Prosecutor es un libro sobrio, que intenta comprender a las víctimas pero trata los lugares donde se produjeron estos horrores como escenarios del crimen, tiene momentos sobrecogedores, como la visita a una iglesia que fue escenario de una masacre en Ruanda, el encuentro de una casa en Kosovo donde extraían órganos a los prisioneros antes de matarlos, o el relato de un testigo que cuenta cómo un niño emergió cubierto de sangre y vísceras entre un montón de cadáveres, llamando a su padre.
“Los crímenes de esa magnitud nunca son asuntos locales”, escribe Del Ponte, que cree que los crímenes contra la humanidad no dependen de odios ancestrales sino de personas concretas que buscan el exterminio de sus enemigos, y que asegura que su tarea “es en esencia una lucha que depende ante todo de la voluntad humana y sólo secundariamente de cláusulas subordinadas en estatutos y convenciones o subsecciones de reglas de procedimiento”. Del Ponte debía buscar a los responsables de los crímenes de guerra y contra la humanidad, centrándose en lo más alto de la cadena de mando –los criminales de menor rango son juzgados por las autoridades locales- y en los crímenes más importantes –la fiscal rechaza las sentencias “tipo Al Capone”, en la que se condena a un asesino por evasión de impuestos. Su idea básica era que nadie debía estar por encima de la ley, ni los dirigentes políticos ni los bandos que habían sufrido atrocidades, y quería investigar la actuación de todas las partes implicadas en los conflictos, para no administrar únicamente la justicia de los vencedores.
El muro de goma
Debía jugar con las limitaciones del tribunal, que tiene poder para emitir citaciones, pero depende de la voluntad de cooperación de los estados. Si éstos no quieren mostrar las pruebas que demuestran la participación de los acusados en las empresas criminales, llamar (o permitir que salgan) a testigos importantes o arrestar a los acusados, pueden no hacerlo. En ocasiones, los interlocutores de la fiscalía estaban bajo investigación o temían estarlo. La mejor manera de presionar a los estados para que colaboren son las sanciones internacionales, pero eso también depende de los intereses políticos de los demás países, y de la confianza que los dirigentes tengan en los tribunales internacionales. Cuando sus interlocutores más poderosos le daban largas Del Ponte sentía que chocaba con un muro di gomma, que suaviza con buenas palabras una negativa rotunda: ese muro de goma es un elemento recurrente en Madame Prosecutor.
Del Ponte –que desestimó las acusaciones por crímenes de guerra por la intervención de la OTAN en Kosovo en 1999- también debía hacer frente a los problemas que tenía su propio equipo. Algunos investigadores no eran los idóneos para trabajar con altos cargos; estaban educados en dos sistemas legales diferentes, el Derecho Continental y el Derecho Anglosajón. Narra tensiones con miembros de su equipo, como Blewitt, Ralston o con Geoffrey Nice, que en principio se oponía a afirmar que en Bosnia se había producido un genocidio, y algunas reprimendas de su superior, Kofi Annan, que le reprochaba que presionase a Serbia para que entregara a algunos de los acusados.
La política, según la fiscal, fue uno de los elementos que abreviaron su mandato al frente del Tribunal de Ruanda. Del Ponte diseñó un proceso temático. Algunos de los criminales hutus responsables del genocidio que empezó tras el asesinato del presidente Habyarimana ya se habían declarado culpables, como Kambanda, que había sido primer ministro del gobierno hutu. Barayagwiza estuvo a punto de quedar libre por un defecto de forma en la acusación; la apelación del equipo de Del Ponte posibilitó su condena. Aunque sigue habiendo fugitivos como Félicien Kabuga, los países africanos colaboraron intensamente en un primer momento. La coordinación con los estados europeos dio sus frutos en la captura de tres acusados el mismo día: Rekundo, un sacerdote católico; el ex ministro de hacienda Emmanuel Ndindabahizi; Simon Bikindi, un cantante que había organizado grupos de las milicias Interahamwe y que animaba en los medios (la acusación a los medios por incitación al genocidio fue un elemento pionero de los tribunales de Del Ponte, al igual que el concepto de “empresa criminal conjunta” abocada al genocidio y a los crímenes contra la humanidad) al exterminio de los hutus y los tutsis moderados. Un cuarto, el sacerdote católico Seromba, desapareció con la ayuda de la iglesia.
Cuando la fiscalía decidió investigar también algunos de los crímenes cometidos por el Frente Patriótico Ruandés, el ejército tutsi que estaba vinculado al poder, empezó a tener problemas con el gobierno de Ruanda. El presidente Paul Kagane, que había formado parte de esa milicia, se oponía a las investigaciones. Los movimientos de los empleados del tribunal eran seguidos, los testigos no obtenían permiso de Ruanda para llegar hasta Arusha, la ciudad de Tanzania en la que se celebraban los juicios, y el gobierno y la sociedad de Ruanda, mientras tanto, exigían mayor celeridad en los procesos. En 2003 Del Ponte fue relevada del cargo. Para ello fue importante la opinión del ministro de exteriores británico Jack Straw, que argumentó que los dos cargos de la jurista le restaban efectividad. Probablemente haya algo de espíritu de revancha cuando Del Ponte, que propuso renunciar a su puesto en el Tribunal para Yugoslavia y quedarse en el de Ruanda, relata una reunión posterior, en la que el Straw apenas podía hablar porque le habían quitado las muelas del juicio.
Yugoslavia
Del Ponte habla de gente que ayudó al Tribunal para Yugoslavia, como Natasha Kandic, Sonja Biserko o Colin Powel, y de las dificultades que tuvo para lograr la colaboración de las autoridades de los países que habían surgido tras la disgregación de Yugoslavia. Kostunica, presidente de Yugoslavia y después de Serbia, nunca pareció muy dispuesto a cooperar; en el ejército y la policía había muchas personas leales a Milosevic, o implicadas en las atrocidades: dos de los criminales más buscados, Ratko Mladic y Radovan Karadzic, continúan en libertad, pese a las reiteradas promesas -y aplazamientos- de Belgrado; el general Hadzic escapó gracias a una filtración del gobierno. Una experiencia agridulce es el juicio a Slobodan Milosevic: el ex presidente no reconocía al tribunal y fue detenido gracias al coraje de Zoran Djindjic, el primer ministro de Serbia, y al apoyo de Colin Powell, Gerard Schröder y Jacques Chirac, pero murió antes de que terminase el proceso. En el juicio Del Ponte consiguió convocar a testigos de valor como Lilic; Zoran Djindjic fue asesinado en marzo de 2003. Uno de los éxitos de la fiscal, que ha acusado a 161 personas, fue que el Tribunal declarase que se había producido un genocidio en Srebrenica perpetrado por fuerzas de la República de Sprska a las órdenes de Mladic y de los paramilitares “Escorpiones” de Serbia, ante la vigilancia de 400 soldados holandeses bajo el mando de Naciones Unidas; otro, las laboriosas detenciones de Tolimir, mano derecha de Mladic, y del general croata Ante Gotavina, que durante un tiempo recibió el apoyo de la Iglesia Católica (un miembro de la jerarquía eclesiástica le dijo a Del Ponte que el Vaticano no era un estado, pero que el Papa no podía recibirla porque sólo recibía a jefes de estado), y que fue arrestado en Tenerife en 2005.
La investigación sobre las atrocidades cometidas por el Ejército de Liberación de Kosovo se revela todavía más frustrante: Del Ponte, que acusó hombres como a Hashin Taci –ganador de las elecciones en noviembre de 2007; en el libro le responsabiliza también de tráfico de órganos- y a Ramush Haradinaj, tuvo que enfrentarse a las fuerzas de Naciones Unidas; aterrados ante una feroz campaña de intimidación, muchos de sus testigos cambiaron el testimonio en el juicio. También resulta insatisfactoria la búsqueda de los cuatro fugitivos -Karadzic, Mladic, Zupilanin y Hadzic- y sobre todo, el cambio de la comunidad internacional. Al final de su mandato, Del Ponte tiene cada vez más problemas para que la reciban los ministros y los presidentes, y desaprueba la resolución que exime a Serbia de responsabilidad en el genocidio. Ve que muchos países de la OTAN y de la Unión Europea buscan la estabilidad en los Balcanes y ya no consideran la entrega de los prófugos un elemento esencial para la integración de Serbia en las instituciones supranacionales. Sobre este asunto, del Ponte mantiene una conversación especialmente tensa con Miguel Ángel Moratinos.
En el relato de su combate contra la cultura de la impunidad, Del Ponte señala sus numerosos éxitos y explica sus fracasos y su sensación de aislamiento. La fiscal da una impresión de persona tenaz y valiente, segura de su inteligencia y convencida de su rectitud, pero también tiene algunos momentos de humor (por ejemplo, cuando afirma que Bosnia es “un país ideal para esquiar, si no fuera por el calentamiento global y los miles de minas antipersona”, o cuando se cuela en el coche de Condoleezza Rice), bromea sobre sí misma y reconoce algunos errores. Aunque al final incluye unas propuestas para mejorar la actuación de los tribunales internacionales, la teoría no es lo que más le interesa: muchas de sus observaciones derivan de su experiencia en la fiscalía y algunas de las páginas más interesantes del libro son las que describen el planteamiento de los casos.
Madame Prosecutor habla de cosas importantes: ofrece una mirada al horror, pero también muestra la posibilidad y la necesidad de combatirlo y perseguir a los culpables. Las memorias de Carla del Ponte, que en ocasiones parecen escritas con bastante prisa, se leen a veces como una reivindicación personal, un reportaje de guerra, un informe judicial, un ajuste de cuentas o un relato de espías, y están llenas de información valiosa sobre el funcionamiento de la justicia y de la política internacional.
En la imagen, Carla del Ponte.
1 comentario
Antonio `Pérez Morte -
¡Abrazos!